28 de Septiembre del 2026
PACHUCA. – Una proyectista adscrita al Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan del Poder Judicial de Estado de Hidalgo (PJEH) fue sentenciada a tres años y con meses de prisión por utilizar información confidencial de un expediente judicial y ofrecer servicios como gestora para liberar una camioneta embargada, pese a que su calidad de servidora pública le impedía ejercer este tipo de actividades.
La resolución fue emitida por un Tribunal de Enjuiciamiento Unitario integrado por Rafael Souverbille García, de Actopan, dentro del juicio oral 65/2026, por el delito cometido por servidores públicos en agravio de la administración de justicia.
De acuerdo con la resolución, la sentenciada aprovechó su cargo como proyectista del Juzgado para utilizar información confidencial contenida en un expediente.
Entre los datos que comunicó se encontraba el monto de un adeudo, la persona que había firmado el compromiso de pago y la fecha en que se dictó una sentencia.
Además, ofreció sus servicios como gestora para liberar una camioneta que había sido embargada, mediante la tramitación de una tercería excluyente de dominio.
La sentencia señala que para realizar estas actividades utilizó instalaciones y recursos del Juzgado el PJEH y gracias a ello, obtuvo un beneficio personal mediante la prestación de servicios profesionales, pese a que su condición de servidora pública se lo impedía.
De acuerdo con la formulación de imputación, estas conductas generaron desprestigio al órgano jurisdiccional, al poner en duda la imparcialidad en la atención de asuntos particulares por parte del personal del juzgado.
La Fiscalía le atribuyó a la acusada responsabilidad en calidad de autora y solicitó una pena de cinco años de prisión, multa de 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además del pago de 322 mil pesos por concepto de reparación de daños y perjuicios, una disculpa pública y el compromiso de no repetición.
Sin embargo, el Tribunal impuso una pena de tres años y seis meses de prisión, la cual fue conmutada por 318 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, lo que significa que no estará en prisión.
También se le estableció una multa de 32 UMAs, con el valor vigente al momento de los hechos, de 96.22 pesos por unidad, equivalente a 3 mil 79.04 pesos.
La conducta por la que fue sentenciada se encuentra prevista en el artículo 322 del Código Penal para el Estado de Hidalgo.
Este ilícito contempla penas de tres a cinco años de prisión para servidores públicos encargados de la procuración o administración de justicia que incurran dolosamente en determinadas conductas. Entre ellas se encuentra litigar por sí o por interpósita persona cuando la legislación prohíba el ejercicio de su profesión.
