27 de Octubre del 2026
La Comisión Nacional de Energía (CNE) inició un procedimiento administrativo de caducidad contra 132 permisos de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. En la lista aparecen tres empresas vinculadas con Hidalgo: CHIMEX Oil and Gas, Comercializadora de Hidrocarburos del Mezquital y Combustibles y Gases de Tepeji.
El acuerdo se publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La autoridad detectó indicios de que los titulares incluidos en el listado no registraron operaciones de compraventa durante 365 días consecutivos, del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026.
La inclusión de estas compañías no significa que sus permisos estén cancelados. La CNE abrió procedimientos para que los titulares presenten pruebas y argumentos antes de emitir una resolución definitiva.
TRES EMPRESAS EN LA LISTA
Combustibles y Gases de Tepeji, titular del permiso LP/22131/COM/2019, cuenta con un antecedente ambiental relacionado con una planta de almacenamiento de gas en el Parque Industrial de Tepeji, con capacidad nominal de 1.5 millones de litros.
Por su parte, CHIMEX Oil and Gas, con el permiso H/21475/COM/2018, aparece en registros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por instalaciones de almacenamiento de combustibles en Atotonilco de Tula.
La tercera compañía, Comercializadora de Hidrocarburos del Mezquital, tiene el permiso H/19871/COM/2017 y registros empresariales en Tula de Allende.
UN AÑO SIN OPERACIONES REGISTRADAS
De acuerdo con el documento, la CNE revisó expedientes físicos y electrónicos el 1 de septiembre de 2026 e identificó indicios de que los titulares incluidos en la lista no registraron actividades de compraventa durante el periodo analizado ni presentaron constancias que acreditaran el ejercicio de los derechos de sus permisos.
El procedimiento se fundamenta en el artículo 88 de la Ley del Sector Hidrocarburos, que contempla la caducidad cuando los derechos de un permiso no se ejercen durante 365 días naturales consecutivos, conforme a las condiciones previstas en la legislación.
Las empresas podrán presentar pruebas y argumentos dentro de los plazos establecidos por la autoridad. La CNE deberá analizar cada expediente antes de resolver si procede la caducidad.
